Desde la dramática fecha del golpe militar de 1936 se precipita una vertiginosa cuenta atrás contra los masones y va surgiendo una curiosa legislación antimasónica, reflejo de la obsesión de Franco por este asunto. El 15 de septiembre de 1936 se publicó su primer decreto contra la Masonería, cuyo primer artículo dice así: «La Francmasonería y otras asociaciones clandestinas son declaradas contrarias a la ley. Todo activista que permanezca en ellas tras la publicación del presente edicto será considerado como reo del crimen de rebelión». Pero en esa fecha, muchos masones españoles habían sido ya fusilados. Una de las primeras medidas de los sublevados en 1936 fue el asalto, saqueo, incautación y destrucción de los locales masónicos, al igual que se hizo con centros obreros o del Frente Popular. El franquismo metía en el mismo saco a masones y marxistas, conceptos muy dispares entre sí. De este modo, el local de la logia Turdetania de Córdoba fue incendiado. El templo masónico de Santa Cruz de Tenerife fue incautado y convertido en sede de Falange. Mientras tanto, cundía una auténtica fiebre incautadota de documentos masónicos por toda la zona franquista, que se remitían rigurosamente vigilados al Servicio de Recuperación de Documentos de Salamanca, a fin de que sirvieran de base par la magna campaña depuradora que se tenía planeada.

Pero antes que cualquier simple depuración, tuvo lugar la más radical de todas, la represión física, es decir, el fusilamiento, sobre todo en el verano de 1936. En las grandes matanzas franquistas de 1936 ocuparon lugar cualificado muchos masones, aunque cuantitativamente la represión se cebara en las organizaciones obreras y del Frente Popular. El fusilamiento de masones no esperó a ninguna legislación al respecto.

De la logia Helmantia de Salamanca, fueron fusilados 30 masones, entre ellos un pastor de la iglesia evangélica. De la logia Constancia de Zaragoza, perecieron otros 30 afiliados. Del triángulo Zurbano, de Logroño, fueron fusilaron a 15 miembros; del triángulo Libertador de Burgos, a siete, y del Joaquín Costa de Huesca, otros siete. De la logia Hijos de la Viuda de Ceuta, a 17. De la logia Trafalgar, de Algeciras, fueron fusilados 24; de la logia Resurrección, de La Línea, mataron a nueve, a siete los condenaron a trabajos forzados, mientras otros 17 lograron refugiarse en Gibraltar. De la logia Fiat Lux, también de La Línea, fusilaron a tres, que no lograron, como otros, escapar a Gibraltar o a Tánger.

De la logia Vicus, de Vigo, salvo muy pocos que consiguieron la huida, los demás fueron eliminados. Igual suerte sufrieron casi todos los masones de La Coruña, entre ellos el jefe de Seguridad, comandante del Ejército, Quesada, y el capitán Tejero. La matanza fue igualmente masiva entre los hermanos de la logia Lucus, de Lugo, al igual que los masones de Zamora, gran parte de los de Cádiz, los de las logias de Granada, hasta un total de 54, entre ellos el ilustre oftalmólogo doctor Rafael Duarte, profesor de la Facultad de Medicina, y su hijo, también doctor. Igualmente fueron asesinados todos los masones de varias logias de Sevilla, entre ellos Fermín de Zayas, ilustre militar, miembro del Supremo Consejo, y su hijo. En Valladolid fusilaron a 30 de la logia Constancia, entre ellos al Gobernador Civil, que era masón. Los ejemplos podrían continuar con otras muchas ciudades y capitales.

En Córdoba, el 28 de julio mataron al ex diputado de las Cortes Constituyentes Joaquín García Hidalgo, miembro de la logia Turdetania. En agosto sufrieron el mismo trágico fin el eminente médico Manuel Ruiz Maya, de la misma logia, a igual que José Guerra Lozano, que había sido presidente de la Diputación. En septiembre fusilaron al destacado epidemiólogo doctor don Sadí de Buen Lozano, cuyo hermano Demófilo ostentaba cargos directivos en el Gran Oriente Español. Más tarde mataron a otro miembro de Turdetania, Pablo Troyano Moraga, también ex presidente de la Diputación, después que fue denunciado como masón por el cura de su barrio.

El 21 de diciembre de 1938, Franco decretó que todas las inscripciones o símbolos de carácter masónico o que pudieran molestar a la Iglesia católica fueran eliminados de todos los cementerios de la zona nacional en el plazo de dos meses. Para entonces se había consumado la primera gran etapa de represión de la Masonería, la del comienzo de la guerra, que se caracterizó por la máxima severidad, es decir, el fusilamiento. Todavía en octubre de 1937 eran fusilados en Málaga 80 prisioneros acusados de masones, lo cual no quiere decir que todos lo fueran, sino que tal acusación tenía suficiente entidad para cualquier eliminación. Como balance cuantitativo puede asumirse el informe de la asamblea anual de Masonería, que se celebró en Madrid los días 15 y 16 de diciembre de 1937, según el cual todos los hermanos que no habían podido huir de la zona franquista habían sido asesinados.

La Masonería vuelve a quedar incursa en la ilegalidad franquista en la célebre Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, donde, junto con todos los partidos del Frente Popular y sindicatos, se declaran (una vez más) fuera de la ley todas las logias masónicas.

El 1 de marzo de 1940 se dictó la principal ley antimasónica del Régimen, la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Las penas iban desde la incautación de bienes hasta la reclusión mayor. Los masones, aparte de las sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo de carácter público. Se establecieron penas de veinte a treinta años de prisión para los grados superiores, y de doce a veinte para los cooperadores. La depuración llegaba a tal extremo que impedía formar parte de un «Tribunal de Honor» a quien tuviera algún pariente masón hasta segundo grado de consanguinidad. Con esa misma fecha quedaba constituido el Tribunal Especial para la Represión de la masonería y el Comunismo, Tribunal que estuvo en vigor hasta la creación del Tribunal de Orden Público en 1963. El de la Masonería fue suprimido el 8 de febrero de 1964.

El 1 de julio de 1941 una orden circular lanzó una nueva campaña de expediente depuradores que podía afectar a cualquier cargo civil o militar del Estado español, en sus múltiples administraciones, tanto nacionales como provinciales o locales. Sólo en 1942 se sustanciaron 3.699 expedientes, de los que resultaron positivos 924, es decir, la cuarta parte. Por otra parte, el hecho de que en el Servicio de Documentación de Salamanca se acumulan unas 80.000 fichas de supuestos masones (cuando en 1936 no rebasaban la cifra de 5.000) revela las dimensiones de la llamada cruzada antimasónica y la fiebre acusatoria que existió en el seno del Régimen.

En el sentido plenamente judicial actuaba el ya citado Tribunal Especial para la Represión de la Masonería, que extendía sus actuaciones no sólo a presentes en el país con antecedentes masónicos, sino también a los que se hallaban en el extranjero. Así, no es extraño encontrarse en el que fue Archivo de los Servicios Documentales de Salamanca sentencias condenatorias contra Martínez Barrio, Jiménez de Asúa, Casares Quiroga y otros, en unos términos pintorescos, aplicándoles el «alias» como a viles delincuentes, como podía leerse en la prensa: «Se condena a Diego Martínez Barrio, alias “Verniaud”, venerable maestro, soberano, inspector, comendador, gran maestro nacional, a la pena de 30 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta; a Luis Jiménez de Asúa, alias “Carrara”, maestro masón de la logia Danton, a 20 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta; a Augusto Barcia, alias “Lassalle”, gran maestro, a 20 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta; a Santiago Casares Quiroga, alias “Saint Just”, maestro masón de la logia Suecia, a 20 años de reclusión mayor con inhabilitación absoluta».

En conclusión, la obsesión antimasónica del Régimen de Franco, con toda su teoría del «contubernio judeo-masónico-marxista», incluso con tintes de cruzada, hay que entenderla dentro del contexto internacional de la evolución de los fascismos europeos y dentro de la gran crisis de la democracia liberal en torno a los años treinta. Los dictadores que emergen entonces consideran ante sí dos flancos adversos que deben eliminar de raíz: por un lado los teóricos de la «libertad, igualdad y fraternidad», defensores de los derechos del individuo, la tolerancia, la libertad de creencias y del sistema democrático, en contra de absolutismos o dictaduras, es decir, los masones y librepensadores; y por otro lado, los movimientos obreros y el espectro del triunfo de la revolución rusa. Contra unos y otros actuaron drásticamente desde Mussolini a Franco, pasando por Hitler.

Extractado de: Francisco Moreno Gómez, “La masonería bajo la dictadura franquista”, en La Masonería Española (1728-1939). Exposición, Alicante-Valencia, 1989, pp. 137-144.