LA ONU INSTA A UNA MORATORIA INTERNACIONAL DE LA PENA DE MUERTE CON MIRAS A ABOLIR LA PENA CAPITAL
(Noticia aparecida hace unos días en diversos medios y
difundida por la agencia EFE el pasado jueves 15 de noviembre. He fundido
varios artículos en uno solo para dar un sentido más completo)
La Asamblea General de NACIONES UNIDAS adoptó este
jueves una resolución impulsada por la Unión Europea (UE) que, por primera vez, insta a
la declaración de una moratoria internacional en la aplicación de la pena de
muerte. El texto fue aprobado por 99 votos a favor, 52 en contra y
33 abstenciones tras dos días de intenso debate en el seno del comité de
derechos humanos del órgano legislativo de Naciones Unidas, compuesto por 192
países.
La resolución expresa preocupación
por la continuada aplicación de la pena de muerte e insta a los países que
mantiene la pena capital en sus códigos penales a que "establezcan una
moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital". También llama al respeto de los estándares
internacionales que garantizan los derechos de los condenados y a la progresiva
reducción de los delitos que se penan con la muerte.
La resolución, como todas las de la Asamblea General,
no es vinculante pero sus promotores aseguran que supone un respaldo moral en
la lucha en favor de la abolición de la pena de muerte, que desde 1993 habían
intentado sin éxito que la
Asamblea General aprobara una medida similar. Al contrario que en años pasados,
sus patrocinadores centraron el texto en el concepto de un llamamiento a una
moratoria, en lugar de a una abolición, con lo que se consiguió que hasta 87
países se apuntaran como patrocinadores del proyecto de resolución.
Algunas delegaciones, como las de
Singapur, Botswana o Egipto, opuestas a la moratoria acusaron a la UE de sembrar la discordia con
una medida polémica, seguir prácticas colonialistas y entrometerse en los
asuntos internos de otros países soberanos. "No importa cuánto nos
presionen y cuánto nos quieran intimidar, nunca votaremos en contra de la
voluntad del pueblo de Botswana", aseguró el representante de ese país,
Samuel Otsile Outule. Para Singapur, los "promotores
de la resolución sabían que esta propuesta no contaba con consenso y que
polarizaría el comité, y a pesar de ello siguieron adelante. La razón es que
nos quieren imponer sus valores", consideró el representante de ese país
asiático, Kevin Cheok. El representante de Egipto apuntó
que la pena de muerte no es un asunto que pertenezca a la agenda de los
derechos humanos, sino algo correspondiente al código penal de cada país y a la
aplicación de la justicia: "Los proponentes de abolirla prefieren
centrarse en los derechos de los transgresores de la ley, nosotros preferimos
ocuparnos de los derechos de sus víctimas", agregó.
Y hasta aquí la noticia.
Cuando se proclamó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos en 1948 sólo 8 países habían abolido la pena capital.
Actualmente 133 estados miembros de la
ONU han abolido la pena de muerte en su legislación o en la
práctica, estando aun vigente en otros 68 países del mundo.
25 países llevaron a cabo
ejecuciones en 2006 el 91 por ciento de las cuales se registraron en China (al
menos 1.010), Irán (177), Pakistán (82), Iraq (al menos 65), Sudán (al menos
65) y EEUU (53), según datos de Amnistía Internacional. Sólo dos países
ejecutan actualmente a menores: Irán y Pakistán.
Según esta organización, el número
de ejecuciones se redujo en más de un 25 por ciento en 2006, cuando se
aplicaron al menos 1.591 penas frente a las 2.148 ejecuciones llevadas a cabo
en 2005.
El proyecto de resolución fue
impulsado por la Unión
Europea el pasado 9 de noviembre con el apoyo de 81 estados.
Sin embargo hay que recordar que en septiembre Polonia bloqueó en solitario la
aprobación de una declaración de la
UE contra la pena capital justificándose en que la Unión debe abrir un debate
más amplio en el que además se condene el aborto y la eutanasia.
La declaración de la ONU, además de llamar al
respeto de la dignidad y los derechos de los seres humanos, exhorta a los
países donde se practica a restringir progresivamente la pena de muerte y a
reducir el número de delitos que la merecen según sus leyes, instando a los
estados que hayan abolido la pena capital a no volver a implantarla (como
ocurriera en 1976 en EEUU).
EEUU se ha limitado a defender su
legitimidad a usar la pena de muerte, dejando claro que lo hace de conformidad
con la legislación internacional sobre el respeto a los derechos humanos. Y
tuvo la desfachatez de pedir al resto de países que se asegurasen de que no
aplican la pena de muerte al margen de la ley o de manera arbitraria. Estados
Unidos ha llevado a cabo 1.099 ejecuciones desde 1977, 400 sólo en el estado de
Texas.
En España la pena de muerte quedó
abolida en 1978, salvo en los casos que la legislación militar establecía en
tiempo de guerra. En 1995 se abolió totalmente, aunque el artículo 15 de la Constitución deja una
puerta abierta a «lo que puedan disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra». Las últimas ejecuciones en España se llevaron a cabo el 27
de septiembre de 1975, cuando dos meses antes de la muerte del dictador Franco
agentes de la Guardia
Civil fusilaban a dos etarras y a tres miembros del FRAP (ya
desaparecido). Hasta la
Iglesia Católica pidió entonces su conmutación.
Una encuesta internacional del Grupo
Gallup del año 2000 aseguraba que el apoyo a la pena de muerte a nivel mundial
se encuentra en un 52% y el rechazo en el 39%. El desglose del porcentaje de
apoyo y repudio a la pena de muerte por continentes fue: América del Norte 66%
(apoyo) y 27% (repudio), Asia 63%-21%, Europa Central y del Este 60%-29%,
África 54%-43%, América Latina 37%-55%, Europa Occidental 34%-60%.
Según un sondeo elaborado en 2006
por el CIS para el Instituto de la
Juventud, el 60% de los jóvenes españoles se mostraban
contrarios a la aplicación de la pena de muerte. Sin embargo, un estudio del
Centro de Migraciones y Racismo de la Universidad Complutense
de Madrid, revela que el 71,4% de los escolares de entre 14 y 19 años
aplicarían la pena capital a los terroristas responsables de los ataques del
11-M y el 67,9% a los etarras que hayan cometido asesinatos.
A mí me da qué pensar y me produce
una gran desazón y preocupación, porque los jóvenes no hacen sino reflejar lo
que aprenden de sus mayores.
Un Maestro Masón.