En
estos momentos de crisis internacional es clave el reconocimiento de los
derechos sociales como derechos universales, y la apuesta por el derecho de
ciudadanía plena y social, derechos que forman parte de la continua
construcción del Estado del Bienestar.
Los derechos sociales
son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y el entorno en el que
se desarrollan. Son garantías de la igualdad y la libertad
reales, pues la libertad no es posible si es imposible ejercerla por las
condiciones materiales de existencia.
Serían el equivalente a
los denominados derechos humanos de segunda generación (los
económicos, sociales y culturales), propios del Estado Social de Derecho, y nos
garantizan universalmente, es decir, a todos los ciudadanos
por el hecho de serlo, y no como mera caridad o política asistencial, el acceso
a los medios necesarios para tener unas condiciones de vida dignas.
Estos derechos sociales
son:
1.- el derecho a un empleo y a un salario dignos,
2.- el derecho a la protección social por jubilación,
seguridad
social, desempleo,
bajas laborales por enfermedad,
maternidad
o paternidad,
accidentes
laborales,
3.- el derecho a una vivienda,
4.- el derecho a la educación,
5.- el derecho a la sanidad,
6.- el derecho a un medio
ambiente saludable
7.- el derecho al acceso
a la cultura
8.- el derecho a todos
los ámbitos de la vida pública.
Los Derechos Económicos y
Sociales se han ido positivando en diferentes declaraciones y pactos, tanto
a nivel internacional como regional. Fueron ratificados por la ONU en
A pesar de lo anterior
estos derechos continúan siendo violados, especialmente en los países del
tercer mundo. El fenómeno de la globalización y las medidas que son tomadas en
algunos de estos países es vista por sus críticos (los llamados antiglobalización)
como contraria a estos derechos.
Pero esta pérdida de
Derechos Sociales no se da solo en los llamados países del tercer mundo, sino
que todos recordamos la polémica suscitada no hace mucho sobre la norma
respecto de la jornada laboral en Europa. Tras cinco años
de intensos debates, la falta de acuerdo entre los representantes de
Permanece, por tanto, la actual legislación que marca una jornada máxima de
48 horas semanales, pero que incluye una excepción: el empresario puede
negociar individualmente con sus trabajadores para alargar el plazo hasta las
78 horas semanales. Esta posibilidad, conocida como "opt-out", afecta
especialmente a servicios de guardia -como los médicos-, y se aplica en 15 de
los 27 Estados miembros.
La supresión definitiva de las "opt-out" ha sido la principal
barrera para cerrar el acuerdo en Bruselas. Mientras que el Parlamento pedía
que las guardias se incluyeran en el cómputo de la semana laboral, los
Gobiernos no lo han secundado.
Sin embargo, hay otras
cuestiones que de forma más silenciosa están llevando a cambios en los centros
de trabajo y que también recortan derechos conquistados recientemente.
Nos referimos ahora al segundo derecho enumerado, es decir, al
derecho a la protección social por jubilación,
seguridad
social, desempleo,
bajas laborales por enfermedad, maternidad
o paternidad,
accidentes
laborales.
Los planes de igualdad y
los avances en materia de prevención de riesgos laborales son las víctimas de
una negociación colectiva rota por el desencuentro en materia salarial.
La implantación de los
planes de igualdad se ha visto postergada en muchas empresas, según explica el
secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, que ve cómo se merman los derechos
colectivos. La secretaria de
Así es, las bajas por
maternidad se han frenado en seco en el primer trimestre de este año. Y es que
la mujer trabajadora tiene ahora otra batalla contra la recesión. Sus
decisiones personales, como concebir un hijo, se han visto condicionadas por la
crisis. Según los datos publicados por
Además, la calidad de la
salud de los trabajadores también está en riesgo pues son muchas las empresas
que han dejado de pagar a las consultoras que diseñan sus planes de previsión
de riesgos laborales. El secretario de Acción sindical de CCOO, Ramón Górriz,
recuerda que hay una mesa de prevención de riesgos laborales dentro del Diálogo
Social que la patronal ha bloqueado desde finales del año pasado. Ferrer
recuerda también que lo que se califica de absentismo laboral (incluye
enfermedades comunes o maternidad) también ha descendido, porque son muchos los
trabajadores que acuden enfermos al puesto de trabajo por miedo a perder el
empleo.
El 28 de abril se
celebró el Día Internacional de
En España, a lo largo de
2008, 831 personas han fallecido en accidentes laborales y, lo que es aún más
grave -denuncian los sindicatos- persiste en el último año el subregistro de
enfermedades profesionales, pues sólo se ha aumentado la declaración de
enfermedad profesional de
En España no se declaran
muertes por enfermedad, aunque se incrementan las prestaciones por viudedad y
orfandad tras acudir a los tribunales. “Es esta una lacra y una vergüenza para
nuestro país y sus instituciones públicas”, denuncian los sindicatos
mayoritarios, que responsabilizan de ello a “las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de
En el manifiesto
unitario, los sindicatos denuncian que la patronal utiliza el contexto
económico actual de profunda crisis para socavar los derechos laborales en su
conjunto y también para hacer retroceder las actividades y recursos que las
empresas dedican a la prevención de riesgos laborales. “Ahora se oponen, con
todas sus fuerzas, al desarrollo y cumplimiento de
Los sindicatos
consideran que se corre el riesgo de perder en poco tiempo gran parte de lo
avanzado en los últimos años en materia de protección de nuestra seguridad y
salud, por lo que exigen al Gobierno y a los empresarios que cumplan lo
acordado en materia de prevención y salud laboral y que “Prioritariamente, se desarrolle la figura de
los agentes territoriales y sectoriales de prevención, pieza clave para avanzar
en el cumplimiento de la ley en las empresas que carecen de representación de
los trabajadores -delegado de prevención- y que son las que más necesitan de la
tutela externa”.
Respecto de estos
derechos sociales de
Si se imponen las tesis de las organizaciones
empresariales iríamos a una restricción de nuestro sistema de protección
social". Es decir, aparte de recortar derechos del trabajador, al recaudar
menos impuestos el Estado dispondría de menos medios para llevar a cabo sus
políticas sociales. Dicen los sindicatos
El
actual gobierno considera inviable la medida propuesta, defendiendo al estado del bienestar y recomienda centrar esfuerzos
en los actuales problemas de liquidez del sistema financiero, opinión
compartida con los agentes sociales que no consideran que la rigidez del
mercado laboral sea causa del desempleo.
Respecto a nuestro
entorno europeo los sindicatos europeos piden un nuevo 'pacto social' contra la
fragilidad laboral (27-03-2009, por Expansión.com).
"Es el momento de
reaccionar", alertó en rueda de prensa el secretario general de CES, John
Monks, para quien es necesaria una respuesta de
Las previsiones de
A medio plazo, los
sindicatos europeos piden un esfuerzo en inversiones para la educación y
formación de los trabajadores, pero también para una reestructuración
"hacia una economía sostenible".
Las propuestas de
1.-más y mejores empleos
y conservar los servicios públicos fundamentales,
2.-mejores sueldos y
pensiones,
3.-un estado de bienestar
más sólido,
4.-poner fin a las
decisiones de los tribunales de Justicia de
5.- regulación efectiva
de los mercados financieros, distribución equitativa de la riqueza; y,
finalmente, un Banco Central Europeo comprometido con el empleo, y no
únicamente con la estabilidad de los precios.
Monks advirtió de que
"se esperan nubes aún más negras sobre el empleo en los próximos
meses", por lo que urge poner en marcha "más medidas de protección a
los trabajadores" a nivel de
El presidente de la
confederación de sindicatos belgas CSC-ACV, Luc Corterbeek, también destacó la
necesidad de "iniciativas ambiciosas y de alcance comunitario", pues
a su juicio "ya se ha demostrado la insuficiencia de los sucesivos planes
de rescate nacionales".
Estamos ante una
transformación social profunda. La crisis no sólo es socioeconómica, sino que
afecta también a los sistemas de regulación social.
Es interesante
plantearlo en esos términos: no es una crisis coyuntural o exclusivamente
económica, sino también financiera, es decir, de fondo y duradera y por tanto
de cuestionamiento de los sistemas de regulación institucional, normativa y de
valores, junto a dinámicas de insolidaridad y disgregación social.
Así, junto con la crisis
económica, el factor económico, se desestabiliza el Estado de bienestar, el
factor social, con lo que se configura una nueva realidad social de conjunto
donde se modifica y replantea el papel de cada mecanismo; se genera una nueva
estructuración social, mayores contradicciones internas en la clase obrera, una
distinta configuración del orden social y de los mecanismos de integración, en
especial del empleo. En definitiva, los cambios conllevan un nuevo papel del
empleo y del trabajo, y exigen la renovación y adecuación de las políticas
sociales, y de la relación entre la propia sociedad con el Estado y de éste con
el mercado.
Por tanto en este
contexto de crisis mundial sin precedentes, es especialmente necesario y
oportuno reivindicar los derechos sociales frente al modelo de crecimiento
económico especulativo, causante de una crisis que tanto sufrimiento y quiebra
de proyectos de vida y de trabajo esta ocasionando. Concretamente en España, el
hundimiento del mercado inmobiliario y del consumo interno sobre los que se
había apoyado el crecimiento económico agravan la situación con consecuencias
especialmente graves sobre el empleo: enorme pérdida de puestos de trabajo,
alarmantes tasas de temporalidad, precariedad y siniestralidad laboral que a su
vez conllevan derivadas sociales de creciente pobreza y marginalidad social.
Deben de mantenerse las mejoras sociales alcanzadas so pena, que de
reducirlas se generarían aún más desigualdades sociales.
Una Maestra Masona.