En el mundo globalizado la existencia de diversos fenómenos y procesos de exclusión plantean problemas importantes y preocupantes en nuestra sociedad.

No se valora la igualdad, cuando no se respeta la singularidad, cuando no prima la fraternidad, cuando se vulnera la autonomía del individuo. No se trata de re-crear las estructuras sociales, se busca igualar cuando se reconocen las diferencias como naturales y positivas. Se trata de nivelar los distintos estratos a los efectos de que todos los ciudadanos gocen de los derechos y garantías que establece nuestra Constitución, tomándolos con conciencia y como una responsabilidad propia. 

La justicia social puede alcanzarse no solo mediante la distribución de bienes, derechos y responsabilidades, sino, en especial, a través de la inclusión significativa de las personas en los procesos y en las prácticas institucionales. 

El concepto de desigualdad supera al de pobreza, en tanto alude no solo a los fenómenos socioeconómicos, sino también socioculturales y políticos, es decir, a la posibilidad de los ciudadanos de participar e incidir en las decisiones públicas, sin olvidar el hecho de que vivimos en una sociedad brutalmente desigual en términos de apropiación y distribución de la riqueza. Por eso, en este sentido la cuestión de la formación en ciudadanía adquiere una importancia vital. Esta ofrece grandes posibilidades de inclusión social y cultural, así como también, la constitución y funcionamiento de una idea de "nosotros" a través del espacio público pensado como espacio común.

Es importante la recuperación no solo de la noción, sino también de la práctica de la ciudadanía como derechos y responsabilidades, como factor de integración social, de respeto por las diferencias, de la posibilidad de reconstrucción de la relación entre igualdad, libertad y diferencia. 

La educación es uno de los pilares fundamentales en donde debe edificarse la sociedad. El propósito de una educación basada en la igualdad debe ser la de eliminar todo indicio de intolerancia hacia la pertenencia a determinada clase social, etnia, religión, género, o bien a la orientación sexual, la lengua materna, la cultura de origen o la manifestación de ciertas habilidades.

La educación también es base fundamental para lograr que los niños y adolescentes que nacieron en situación de marginación social encuentren otros horizontes totalmente distintos a la realidad en la que crecieron. 

Se debe educar para la incorporación de hábitos de vida laborales, de convivencia  y de habilidades o capacidades para el auto-desarrollo, educar en ciudadanía para que todos sean incluidos en la sociedad. Por lo expuesto se aspira a que todos los individuos entren al sistema, no por obligación, sino por convencimiento.

En este aspecto, debemos destacar la pertinencia y absoluta actualidad de las conclusiones del Foro "Educación para la Ciudadanía", organizado por la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica - CIMAS, en la ciudad de Mendoza, Argentina en setiembre de 2008, donde participaron masones y expertos de diversos países de la región (ver: www.cimas.info). 

La igualdad social debería implicar la posibilidad de que cada componente de la sociedad tuviera la oportunidad de crecer y colaborar al crecimiento de sus pares, reforzando la Laicidad como camino de educación, educando a los educadores para que tengan las herramientas para ser personas nutritivas en la vida de sus alumnos. A estos efectos debemos contribuir a desarrollar ámbitos integradores, tal como el deporte, que es una clara muestra de la capacidad integradora por encima de las clases sociales y de ideologías políticas.

La capacidad de transformación del individuo depende de las ansias de superación, del provecho que pueda obtener en igualdad de condiciones y en igualdad de medios; siendo el ejercicio democrático el ámbito de la toma de decisiones que incluya a las minorías. 

La justicia social está orientada a la creación de las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria en sus variados aspectos, no solo económicos. Las políticas gubernamentales a nivel nacional y municipal deberían abordar la creación de fuentes de trabajo, pero al mismo tiempo capacitar a los sectores vulnerables para su acceso al trabajo calificado y estableciendo políticas sociales educativas que posibiliten equiparar e igualar oportunidades, y que promuevan la autonomía personal.

Para una equidad de justicia social se destacan:

1.    Una renta básica, es decir, un ingreso mínimo para todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Los argumentos de esta renta básica son tantos como las dificultades para instituirla entre los más significativos, porque ayudaría a erradicar la incertidumbre que provoca la posibilidad de caer en la pobreza a todos y cada uno de los "incluidos". 

2.    Acceso general a la misma atención en salud para todos, ya que éste - al igual que el anterior - es uno de los deberes de la sociedad como tal y no podemos desamparar o desatender a un ser humano porque no pueda costear un tratamiento médico, pero por sobre todo asegurar una vida confortable y digna para nuestros ancianos.

3.    Aplicación de una política integral en materia de seguridad en su sentido más amplio y más humanitaria con relación al sistema carcelario para que sean centros de rehabilitación y dignos más allá de la consideración de los delitos cometidos. 

4.    Una política de atención a las necesidades de vivienda en el marco de un hábitat saludable que respete el ambiente y el conjunto de recursos naturales que aseguran una vida digna.

En definitiva, se trata de construir un desafío: se trata de producir un conocimiento que reconozca el lugar de los sujetos como sujetos de derechos, para no capturarlos por su negatividad sino por su potencialidad.