En la edición del 16 de enero, de la revista mensual "Otro Chile", el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Luis Riveros Cornejo, escribe en su página editorial "Chile tiene tres retos fundamentales", poniendo sobre la mesa los retos y dilemas que determinarán el futuro del país.
El año 2012 conlleva para Chile significativos retos, cuya forma de enfrentarlos determinará el curso futuro del país. No es nuevo decir que en el inicio de un año un país enfrente retos y dilemas que debe resolver en forma definitiva, para así asegurar la marcha hacia el futuro. Pero en el caso chileno esto es particularmente cierto dado las crecientes contradicciones sobre las que se ha afirmado el devenir económico, social y político, y que la Concertación durante sus dos décadas de administración no pudo resolver adecuadamente. Se encuentra, por un lado, el tema estrictamente económico referido a la necesidad de reformar aspectos vitales de lo que ha sido hasta ahora una versión neo liberal en extremo. La cuestión de la regulación sobre la actividad privada, especialmente en las áreas en que se han conformado grandes conglomerados y monopolios, además de las reformas que necesita la ley laboral y la normativa sobre las concesiones que otorga el Estado, se encuentran en la lista de temas no menores a resolver, o al menos comenzar a discutir, en este año. Pero también está el grave problema distributivo que enfrenta nuestro país y que es un resultado de la extrema concentración de la riqueza y la existencia de profundas brechas de inequidad y sobre las oportunidades de distintos segmentos de la población. Adicionalmente, y como si la agenda no fuera poca, se encuentra la necesidad de abordar los cambios que necesita el sistema político y que tiene que ver, ni mas ni menos, con modificaciones constitucionales de fondo respecto a temas como el sistema electoral. Toda esta potencial agenda de trabajo, de profundos alcances, tendrá lugar en un año dominado por señales económicas preocupantes que vienen desde el mundo desarrollado, y que impulsarán un decaimiento en la actividad productiva nacional, haciendo más difícil la discusión de las reformas. Se trata de discutir la marcha del país por las próximas décadas, en un año que no es auspicioso y que levanta múltiples preguntas sobre la sostenibilidad de nuestro modelo exportador.
Los aspectos de regulación económica demandan una discusión que la ciudadanía está exigiendo, especialmente después de los casos de colusión y prácticas desleales con el consumidor que han sido de pública notoriedad. Hoy día los consumidores se preguntan sobre la falta de transparencia de las grandes empresas en sus cobros, los costos reales que envuelven sus servicios y productos, y la ausencia de adecuada regulación que castigue las prácticas incorrectas. Mas allá, sin embargo, está el tema de la integración vertical de distintas industrias que ponen al consumidor en riesgo de ser drásticamente explotado por ventas que llevan asociadas las operaciones de créditos y de seguros. Está también la monopolización de los medios de comunicación social, en que son también las grandes empresas de la banca y del retail las que se están adueñando de los mismos, poniendo en riesgo la transparencia de la información que reclama el ciudadano. Todo esto demanda una discusión seria, profunda y con resultados que enfrenten en forma proactiva los problemas que causan la desazón actual del ciudadano y su profunda desconfianza sobre el sistema económico y político.
En materia social, ya sabemos cuáles son los retos fundamentales. Necesitamos instaurar un sistema de educación y de salud públicas que sean efectivamente un instrumento redistributivo e igualador de condiciones. Esto requiere reformas que repongan la responsabilidad del Estado, para no ser solamente "subsidiario" sino estrictamente responsable de la provisión de estos servicios a la población en déficit. La clase media chilena, abandonada hoy día por el Estado y sujeta a normas de cobro por todo lo que precisan para su subsistencia y desarrollo, es uno de los frentes que necesita atenderse, por razones de estabilidad social y política, con mayor premura. La reforma tributaria y aquella relativa a subsidios a los servicios de educación y salud, son elementos que han desatado el reclamo juvenil y ciudadano y seguirán haciéndolo este año, obligando a reformas cruciales en materia económica y política.
Y en el ámbito de las reformas políticas es donde prima mayor insatisfacción ciudadana. Chile necesita una nueva Constitución, un nuevo sistema electoral y posiblemente una nueva definición sobre el rol del Estado. Como prima desconfianza respecto de los políticos y de las instituciones republicanas que deben abocarse a esta materia, una nueva Constitución necesita de una Asamblea Constituyente, donde se verifique el debate, se adopten las debidas resoluciones y las mismas sean dictaminadas por la autoridad que establece nuestro actual régimen. La reforma política que necesita Chile es indispensable para dar real base democrática al sistema, y para permitir efectivamente que las ansias ciudadanas se reflejen en mandatos políticos activos hacia actores responsables de esa representación.
Tres áreas fundamentales de cambio que el país espera se aborden en este 2012. Aún en medio de una desaceleración económica, y de una continua protesta estudiantil y ciudadana, además de los muchos otros problemas subsecuentes que deben también abordarse, como es por ejemplo el delicado tema de la protección ambiental. El país espera una agenda proactiva en estas materias, y que las clases gobernante y política se comprometan a impulsar con seriedad una agenda nacional, proyectando al país hacia las décadas que vienen, y alejando las prácticas políticas del resultado electoralista, de las maniobras de corto alcance que posponen el futuro del país y lo hacen ingobernable. Chile necesita una verdadera unidad en torno a un consenso de futuro: hoy estamos llamados a construirla sobre la base de reformas serias y bien estudiadas, que reflejen el sentir mayoritario, y no solamente un entendimiento político de superestructuras.
Santiago, 9 de Enero de 2012