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Columna aparecida en Diario Estrategia, 3 de abril, 2013.
La acusación contra el Ministro Beyer desestima dos temas importantes. Primero, que el Ministro se ha hecho cargo, aunque de modo parcial, del desatendido problema de la educación superior en cuanto a débil regulación y deficiente calidad. Por vez primera se solicitó a las entidades universitarias cuenta sobre su gestión financiera y los antecedentes que respaldan sus estados de situación, a la vez, a pesar de ser insatisfactorios, ha impulsado proyectos de ley para crear una Superintendencia de Educación y cambiar el sistema de Acreditación.
Se puede discrepar, pero no decir que este Ministro no haya desarrollado una actividad en el marco de sus atribuciones y en pro del cumplimiento de la ley. El segundo tema que se desconoce es de fondo: ¿porqué existen instituciones con fines de lucro y otras sin fines de lucro en el ámbito de la educación? En el caso de las universidades la LOCE previó la inexistencia de lucro, pero no lo hizo respecto a IPs, CFTs, Colegios Medios y Básicos e instituciones de educación pre-escolar.
La pregunta es el porqué de esta asimetría que no se ha enmendado en un cuarto de siglo. Además, junto a lo anterior, cabe la pregunta sobre cómo podría esperarse inversión privada sin que exista interés en un retorno, o si acaso se buscó no tener inversión privada y dejar la inevitable expansión de matricula universitaria sólo en manos del Estado. Hay que manifestarse sobre este tema de fondo urgentemente, porque todo el sistema educativo viene profundamente contaminado por la regulación de 1981.
Los hechos en el ámbito de la educación se deben transparentar frente a la opinión pública y debe haber pronunciamiento sobre estas inconsistencias y sus correcciones. Hay que pronunciarse sobre una Superintendencia que no tendrá ninguna autonomía al depender del Ministerio de Educación, como también respecto del “nuevo” sistema de acreditación que lo único que hará será consolidar sólo a las grandes instituciones. Más transparencia en la discusión y una posición clara respecto de las inconsistencias, son dos cosas que por mínimo respeto requiere la ciudadanía.