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Columna aparecida en Diario Estrategia, 10 de abril, 2013
El país no ha quedado con un sentimiento de plena satisfacción y tranquilidad luego de aprobada la acusación constitucional contra el Ministro Beyer. Por una parte, porque ello se percibe como un acto político, que se asocia a una cierta lógica de las relaciones entre gobierno y oposición, y no como una preocupación legítima por el abandono de funciones o incumplimiento de tareas de fiscalización por parte de la autoridad. Todos sabemos que si eso así fuera, entonces las acusaciones y los juicios políticos deberían extenderse más atrás en el tiempo. Por otra parte, es porque prevalece el sentimiento de que después de las batallas políticas vinculadas a esta acusación, no hay una agenda positiva que permita efectivamente avanzar en materia educacional. Se está repitiendo pancartas y gritos callejeros como una línea de acción, pero sin contar con un diseño, una idea, una inspiración cierta de política pública. La Educación Superior necesita mejorar sus reglas y financiamiento con el propósito de efectivamente encaminarse hacia mayor calidad y equidad.
Sobre eso no abundan las propuestas, mas allá de las consignas, como tampoco respecto de la necesidad de desmunicipalizar la educación básica y media, aumentar los recursos por alumno y poner mejores reglas para la gestión privada y pública. Sobre eso, también han primado más bien las generalidades pero no la acción política definida que se espera por años, especialmente después de las protestas del 2006. O sea, de aprobarse esta acusación no existirá ninguna garantía de poder avanzar en los temas de fondo que permanecen abandonados.
La acusación será una satisfacción para muchos, especialmente en vistas a la necesidad de castigar el desacato a la normativa vigente. Pero también será un preludio a la desesperanza, porque se hará mas difícil avanzar en la agenda positiva en educación que Chile necesita desde hace tiempo. El compromiso por los cambios que se precisan, puede diluirse en medio de estas escaramuzas políticas que no son ni de lejos las batallas decisivas a emprender por una mejor y más equitativa educación.