Columna aparecida en Diario Estrategia, 17 de abril, 2013.
Estamos asistiendo al debate sobre gratuidad de la educación. Más allá de la focalización de este beneficio en quienes efectivamente lo ameriten por su condición socioeconómica, se argumenta sobre la necesidad de avanzar hacia la gratuidad universal. Por cierto, esto deberá implicar la desaparición de muchas entidades privadas que proveen educación a cambio de un pago, puesto que estas deberían ahora recibir ese pago de parte del Estado y como, al mismo tiempo, se desea eliminar el lucro, entonces las mismas deberían restringirse a ser entidades sin fines de lucro como iglesias o corporaciones de beneficencia.
Asimismo, es indudable que las entidades estatales deberían ser elegibles para aplicar esta gratuidad, pero también considerando la necesidad de financiarlas integralmente, asegurando que los costos estén dentro de parámetros razonables.
En el fondo, reeditar el Estado de Bienestar con una de sus connotaciones mas reconocidas: educación universal y gratuita. Importante será examinar los elementos que definen esta importante propuesta.
Al mismo tiempo, debe en esto considerarse a otros ámbitos del hacer social, puesto que así como se entiende que educación para todos es un principio de justicia, lo mismo puede decirse para la salud. No hay nada mas justo que salud igualitaria para todos, financiada solidariamente y lejos de los costos inabordables que tiene en la situación vigente.
La salud tampoco debería ser objeto de lucro e independientemente de la complejidad de las situaciones de salud, habría que asegurar un acceso gratuito y universal. Si hay educación gratuita y sin lucro, también debe haberlo en el caso de la salud. Los enfermos y los ancianos no realizan manifestaciones públicas ni marchas, pero sus derechos deben ser igualmente respetados en pro del bien común.