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Columna de Luis A. Riveros, académico U. de Chile, aparecida este 6 de julio en el Diario Estrategia. Un diálogo es urgente, -señala- desvinculado de la contingencia política y de cara a una ciudadanía que tiene que entender la trascendencia del problema y el posible costo de las soluciones.
No parecen estar escuchándose los actores del presente conflicto que representa la educación chilena. Como se sabe, la protesta se refiere a una multiplicidad de situaciones pendientes que, acumuladas, demandan profundos cambios institucionales y financieros. Frente a la necesidad de priorizar problemas con sentido de país y acendrado realismo, hay sólo propuestas generales por parte de la autoridad y un rechazo generalizado por parte de quienes encabezan las protestas. No se ha abierto camino a un diálogo que debe ser entendido como permanente, para así abordar las profundas connotaciones del conflicto. Los actores políticos han mostrado cierta fría indiferencia frente a estos temas, y todos parecen estar identificados con sus parciales objetivos de corto plazo, más bien que con la ambición de cambiar la educación chilena para hacerla consonante con un país que no desea perder nuevamente ante el reto del desarrollo económico.
Decepcionante una ciudadanía también indiferente ante un problema crítico que podría tener cualquier solución populista que dañará aún más al país que la presente situación. Un diálogo de verdad es urgente, desvinculado de la contingencia política y de cara a una ciudadanía que tiene que entender la trascendencia del problema y el posible costo de las eventuales soluciones. A este diálogo debe invitar la autoridad con total apertura hacia distintos sectores, envolviendo a quienes puedan aportar sustantivamente sobre la materia, y poniendo en lugar destacado al propio Parlamento Un debate que puede ser conducido por encima de las tareas ministeriales, parlamentarias o políticas, que sea una garantía de seriedad en su posterior reporte a la autoridad para que propicie con ciertos consensos las iniciativas legales y administrativas que, a distintos plazos, edifiquen una respuesta al problema actual. Lo que se busca es una salida al conflicto con visión de país, y no simplemente, como ya ha ocurrido, una solución transitoria, ineficaz y, finalmente, caldo de cultivo para muchos más conflictos.