El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el modelo francés de detención, denunciado hace años por todos los defensores de las libertades públicas. En primer lugar, ha de valorarse la notable importancia del avance jurídico representado por el nuevo mecanismo de la Cuestión Urgente de Constitucionalidad para la defensa de los derechos de la ciudadanía.
El Gran Oriente de Francia se felicita por esta decisión, pues la misma confirma la preocupación expresada hace dos meses ante la Ministra de Justicia en relación con el proyecto gubernamental de reforma del procedimiento penal. Concretamente fueron transmitidas las críticas relacionadas con los reiterados abusos ligados a la detención de personas y la privación de libertad de carácter provisional, en franca contradicción con los principios constitucionales y las prescripciones de la Convención Europea de Derechos del Hombre.
El Gran Oriente de Francia también expresó su oposición a la reforma prevista de las normas reguladoras de la intervención como parte en las causas, que permiten a día de hoy a los ciudadanos promover automáticamente la intervención del Juez incluso en el caso de que se produzca la inacción del órgano encargado de la defensa del interés general. Así, el proyecto de someter la intervención como parte en un proceso -acusación particular- a la sola apreciación del Ministerio Fiscal, vinculado al Poder Ejecutivo, privaría a la víctima del derecho a promover la investigación e iniciar el correspondiente procedimiento, lo que constituiría una auténtica regresión en relación con la evolución del derecho francés a lo largo de estos últimos años.
El Gran Oriente de Francia no puede dejar de manifestar su satisfacción ante el anuncio hecho por la Ministra de que se procederá a la revisión de las disposiciones más controvertidas del proyecto de ley. La revisión en cuestión, necesaria, habrá de contemplar antes del mes del verano de 2011, la modificación de los textos legales relacionados con la detención de las personas, habida cuenta del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En el país de Motesquieu, manifestamos nuestro deseo de que el futuro debate que tendrá lugar en el Parlamento conduzca a un texto equilibrado, capaz de garantizar a un tiempo la independencia de la Justicia y la Igualdad de derechos.
París, a 5 de agosto de 2010