Como expresó Martínez Barrio en su mensaje a la Asamblea anual de 1926, si bien la masonería no es un partido político y ni siquiera una asociación con fines partidistas, «por desgracia había un número considerable de masones que confundían las logias con vulgares asociaciones políticas». Y en un artículo titulado «Masonería y Política», publicado en 1929 en el Boletín Oficial del Supremo Consejo del Grado 33 para España se salía al paso de esta deriva que incluía también a muchos masones:
“Si por política se entiende el esfuerzo inteligente, sistemático y humano para emancipar al hombre, a la familia y a la sociedad de las preocupaciones, de la ignorancia, de los privilegios y de las ruindades, a nuestra Orden hay que situarla en la cumbre de la política.
Si por política se entiende la acción educativa par llevar al hombre el sentimiento del deber, induciéndole a consagrarse al servicio del Bien y de la Verdad, nada más político que nuestra Institución.
Si por política se entiende el trabajo sistemático para inculcar a los hombres el alto concepto de responsabilidad en la obra colectiva como miembro de una sociedad en que hay normas de justicia que observar, principios de caridad que cumplir, mandatos imperativos de fraternidad que respetar, pocas organizaciones tendrán un sentido más alto y noblemente político que la nuestra.
Pero si política es partidismo, caudillaje, acción violenta, lucha terrena, pugna profana por ocupación, dominio y disfrute del Poder público, la Francmasonería no fue, no es, ni será nunca política”. Y se iniste en que en el templo masónico, basado en el amor y en la fraternidad, jamás se debía dar cabida ni entrada a las pasiones de la política mundana «que dividen a los hombres, los enfrentan, los separan y los lanzan a la guerra». La conclusión es categórica: «No; de ningún modo. La Francmasonería no puede ser sometida a la política, porque está sobre ella, es de condición espiritual más noble, su rango moral es más elevado».
En septiembre de 1930, el citado Boletín Oficial del Supremo Consejo del Gado 33, volverá sobre esta idea reiterativa: “No se diga que hacemos política. Una cosa es el ejercicio lícito de un derecho, en este caso correlativo del cumplimiento de un deber, tan elemental y primario como el de defender nuestros principios y doctrinas, y otra muy distinta ponerse al servicio de ningún núcleo, grupo o fuerza partidista. Eso sí que no será. La Francmasonería no hace ni puede hacer política partidista. Sí procura formar hombres libres y convincentes, que, emancipados de la ignorancia y del fanatismo, puedan independiente y soberanamente regir sus intereses y destinos. ¿Es esto hacer política?”.
La Segunda República española fue un periodo en el que precisamente la destacada presencia de masones tanto en el Gobierno Provisional de 1931, como en los sucesivos Gobiernos y en puntos clave de la Administración del Estado y en el Parlamento, suscitó encendidas polémicas, especialmente desde el campo conservador y católico. El ataque generalizado que se hizo a la masonería, en cuanto institución, era que hacía política. Ante esa idea, salió al paso el Boletín Oficial del Gran Oriente Español del 10 de diciembre de 1931: “No puede decirse en las columnas de importantes órganos de la Prensa profana que, en efecto, la masonería gobierna. Ello no es cierto; la masonería alberga en su seno a hombres políticos de destacada personalidad en la vida pública, y posiblemente ha influido con sus principios en la formación interna de estas personalidades; pero la masonería, como tal colectividad, no interviene en las luchas políticas. Tampoco podría hacerlo. Si en su seno se admite a todos los hombres honrados, cualquiera que sea su pensamiento político o religioso, si en sus Templos caben todos los matices en orden social, ¿cómo pensar que una colectividad así formada puede participar en las luchas políticas de un país?”.
En la Constitución del Gran Oriente Español, aprobada por la Gran Asamblea Nacional, del 23 de 1933, se especifica en dos de los antiguos límites o «landmarks» ya aprobados en 1717 que la masonería «a nadie rechaza por su creencias y opiniones, y no da cabida a debates acerca de religión o política» (Landmark II). Y, más adelante, especifica que «la masonería acata y respeta la organización civil y política del país en que vive» (Landmark V). Que «la masonería no se hace órgano de ninguna tendencia política o social determinada», puesto que la misión de la masonería es la de estudiar desinteresadamente todos los problemas que conciernen a la vida de la humanidad para hacerla más fraternal.
En la sesión del 15 de febrero de 1935 una interpelación en el Congreso de los Diputados que tildó a la masonería de hacer política, provocó una reacción por parte de la Gran Logia Regional del Nordeste de España, que dirigió un documento al presidente del Congreso, titulado: «la masonería no es política»: “La masonería no es política. Y tan rotunda es esta afirmación que tenemos prohibida la discusión de temas que rocen las cosas públicas y hasta las que se refieran a temas candentes o de actualidad. ¿Qué hay algunos masones que opinan de diferente manera? Es posible, como pasa en toda colectividad que no coarta el libre albedrío; pero los acuerdos de no permitir ninguna discusión o intromisión en la política son antiguos y han sido ratificados, casi siempre por unanimidad, y cuando no por mayorías importantísimas, en todas las Asambleas donde se ha tocado el asunto”.
Lo que ocurrió es que, a veces, responsables destacados de la masonería traspasaron los límites personales e involucraron a la institución masónica en general, llámese Gran Oriente Español o Gran Logia Española, en actuaciones más claramente comprometidas con decisiones políticas, como el apoyo concedido al Frente Popular y a los gobiernos republicanos que se constituyeron durante la Guerra Civil. Si bien es verdad que ni siquiera en esos momentos fue el apoyo a un partido, ya que la coalición frentepopulista estaba formada por varios de ellos, es igualmente cierto que para la masonería la guerra no era entre dos partidos políticos, sino entre dos ideologías, la fascista y la democrática, y la elección en esas circunstancias no ofrecía dudas.
Pero en el fondo, siempre quedan las mismas preguntas en el aire. ¿Qué es hacer política? O dicho de otra manera, ¿la masonería hizo política o siquiera la pudo hacer? O ¿fueron algunos masones a través de diversos partidos políticos los que a nivel personal se comprometieron con la política?
Se pregunta si la masonería es depositaria de una doctrina política y de un programa político. La masonería no es patrimonio exclusivo de ciertas ideologías y partidos, más o menos «liberales», ya que en ella encontramos además de a republicanos y algunos revolucionarios, a no pocos monárquicos e imperialistas, incluso en Francia, donde la masonería fue también borbónica y bonapartista.
En todo caso, se ha conseguido crear un cierto espejismo sobre el poder e importancia de la masonería española en aquellos momentos decisivos de nuestra historia, que cierta derecha acabó convirtiendo en realidades literarias gracias a intensas campañas, como las de Gracia y Justicia, El Siglo Futuro o el P. Tusquets y otros muchos adictos al género. Campañas que, por ejemplo, en plena Segunda República y antes de la sublevación de Franco, hizo que la masonería fuera atacada por todos, empezando por la Iglesia y algunos sectores del Ejército, por los carlistas, los falangistas, la derecha, llámese CEDA o Acción Popular, pero también por los socialistas, comunistas y sindicalistas de la UGT y CNT, a pesar de la militancia masónica de algunos de sus respectivos líderes.
Y para concluir, si la masonería no es política, ni hace, o debe hacer, política, ¿por qué la presencia de tantos políticos y jefes de Gobierno en la masonería?
Ya en 1886, la revista quincenal La España Masónica se planteaba la cuestión en un polémico y tal vez cuestionable artículo en el que dice: “¿Qué causas originan el estado fatal de la Orden en España y la preponderancia grande que alcanza en la mayoría de las naciones extranjeras? Miopes seríamos todos si no las conociéramos… Sólo mencionaremos un punto, a nuestro entender el mayor causante de nuestras desdichas. En todas partes los grandes hombres buscan a la masonería para servirla con fe y entusiasmo; aquí, por el contrario, la masonería mendiga el apoyo de las grandes figuras, violando nuestras leyes, atropellando por todo con tal de sentar en los sitiales más estimados a hombres que, mucho antes de ser recibidos francmasones, guardan en su cartera las credenciales de nuestras primeras magistraturas, cubriéndose la Orden de vergüenza y siendo el ludibrio hasta de aquellos que a estos actos contribuyeron”.
Extractado de: José Antonio Ferrer Benimeli, Jefes de Gobierno Masones. España 1868-1936, Madrid, 2007. pp. 357-384.
